La carretera de la muerte: 200 kilómetros cerca de la frontera en los que han desaparecido 70 personas
Dos menores estadounidenses y tres mexicanos con residencia permanente se encuentran entre las 70 personas que son buscadas después de transitar por la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Una persona fue hallada sin vida y otras 16 regresaron por su cuenta a sus hogares, señal de que el gobierno no está haciendo nada, reclama una activista entrevistada por este medio.
José de Jesús Gómez Córdova viajaba cada que podía de Texas a Guadalajara, México. Visitaba a su madre, a quien siempre ha cuidado a la distancia. Tomaba un vuelo o manejaba. A principios de enero tuvo unos días libres en el trabajo y decidió aprovecharlos. El 4 de enero cruzó la frontera hacia Tamaulipas y fue la última vez que supieron de él. Le perdieron el rastro cuando circulaba por la infame carretera Monterrey-Nuevo Laredo, que se ha convertido en la más peligrosa de ese país.
“Mi hermano traía una camioneta Toyota. Su destino final era Guadalajara y antes iba a pasar a Monterrey. La última vez que tuvimos contacto con él era cuando estaba en la frontera”, dijo su hermana María Lira Córdova, en una entrevista. “En un momento no nos contestó los mensajes y su teléfono nos mandaba a buzón”, lamenta.
Más de cinco meses han pasado y las autoridades no han resuelto nada. Lira Córdova, quien vive en Guadalajara, afirma que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) tomó el reporte de la desaparición y les mandó tres fotografías que confirman su hermano cruzó hacia México a bordo de su vagoneta. Pero les dijo que no podía hacer más por tratarse de un mexicano con tarjeta de residencia permanente.
Gómez Córdova tiene 45 años y vive en el norte de Texas desde hace mucho tiempo. Es ingeniero en sistema computacionales y volvía a México dos o tres veces al año para estar con sus seres queridos.
“Han sido meses de angustia, de impotencia y también de esperanza, pensando que a lo mejor puede volver; uno quiere seguir con esa esperanza”, comenta su familiar. “La peor parte es para mi mamá, ella está pasando por una depresión muy fuerte y debe estar medicada”, lamenta.
El caso de Gómez Córdova fue uno de los primeros de una preocupante ola de desapariciones que este año se han registrado en un tramo de 200 kilómetros (124 millas), entre la línea fronteriza y Monterrey. La mayoría son hombres de entre 20 y 40 años que manejaban vehículos de carga y camionetas SUV.
La comisionada nacional para la búsqueda de personas desaparecidas en México, Karla Quintana, dijo al medio digital Animal Político que desde octubre de 2020 al menos 70 personas son buscadas después de haber pasado por esa vía de comunicación. En promedio ocurrieron siete casos cada mes.
La organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) asegura que solo en el segmento que pasa por ese estado ha registrado 49 incidentes desde enero. “En junio tenemos registrados 10 casos, pero sabemos que hay muchísimos más en Tamaulipas”, dijo a este medio Angélica Orozco, integrante del grupo, que fue fundado en 2012 ante la inacción del gobierno estatal.
Camioneros, empleados y una familia
Las zonas de mayor riesgo, advierte Orozco, son entre los kilómetros 100 y el 26, así como los poblados de Alijadores y Sabinas Hidalgo. De este último partieron una madre, residente permanente de EEUU, y sus dos hijos estadounidenses rumbo a Laredo, Texas, el pasado 13 de junio y desde entonces no saben nada de ellos.
“Esta fue la gota que derramó el vaso. Raptar a una mujer inocente, ama de casa, con sus dos hijos, eso ya fue algo terrible”, dijo hace unos días José Israel Pérez, un familiar, a Noticieros Televisa Monterrey.
El discurso del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, atizó la indignación de quienes buscan a sus seres queridos. Este martes afirmó que 17 personas habían sido rescatadas gracias a las acciones de las fuerzas de seguridad.
Pero más tarde lo corrigió su propia oficina de prensa, la cual indicó en un comunicado que, de hecho, uno de los localizados fue hallado sin vida y los 16 restantes “regresaron a sus domicilios de manera gradual sin la intervención de algún operativo de las autoridades”. El gobierno indicó que tenía abiertas 41 carpetas de investigación en los últimos 20 meses.
Para Orozco, del FUNDENL, a estas alturas el gobernador neoleonés debería informar que ya está garantizada la seguridad en la autopista. “Esto evidencia que las autoridades no tienen una estrategia para afrontar una crisis de desapariciones”, criticó la activista.
Un video que se viralizó en las redes sociales esta semana muestra que la situación es crítica. Lo grabó el chofer de un tráiler y en este se observa cómo personas a bordo de dos vehículos les cerraron el paso a una familia para robarles la camioneta en la que viajaban. “¿Se encuentran bien?”, les pregunta el camionero. “Gracias a Dios”, expresó nervioso mientras se acercaba para ayudarles.
Victima narra cómo fueron despojados de sus camionetas en carretera Monterrey - Nuevo Laredo pic.twitter.com/00B12H0GPp
— FRONTERA AL ROJO VIVO (@FronteraRV) June 25, 2021
Otro caso reciente sucedió el 3 de junio. Cuatro trabajadores de la empresa ‘Transportes Orta’ desaparecieron cuando se dirigían de Monterrey hacia Nuevo Laredo. Se trata de Jesús Ambros Rosas, José Avilor Rosas, Luis Enrique Chagala Macario y Javier Toto Cagal.
El pasado 28 de marzo les perdieron la pista a Eulalio Vázquez Rodríguez y a su hijo Daniel Vázquez Rangel, quienes viajaban en un vehículo pesado. Otro transportista desaparecido es Rito Reta González, de 51 años, quien pasó por esa autopista el 10 de diciembre.
También choferes de empresas de viajes privados han sido víctimas. Es el caso de José Rigoberto Mata Díaz, a quien reportaron desaparecido el 23 de abril; y Artemio Moreno Morales, de quien no saben nada desde el 13 de abril.
La misma suerte tuvieron Juan Francisco Peña Córdoba, quien el 13 de marzo acompañaba a su hijo Francisco Uriel Peña, un residente permanente de Estados Unidos, hacia la frontera con Texas. Desde entonces no han regresado a casa.
“La gran mayoría son hombres de 20 a 40 años, camioneros que iban con cargas a Nuevo León, choferes de Uber, cuatro eran empleados de una empresa de seguridad y dos eran ingenieros que iban a prestar sus servicios a empresas", indicó Orozco. "Las familias reportan que les pierden el contacto, que sus teléfonos están apagados. Seis de ellos han vuelto con sus familias y dicen que los retuvieron hombres armados. Regresan golpeados. Pero por miedo no dan más información”, señala la activista.
En territorio de narcos
El gobierno de Nuevo León afirma que la mayoría de estos incidentes han sido perpetrados por grupos criminales que están en busca de rivales procedentes del estado de Jalisco. Esa región ha sido disputada desde hace varios años por pistoleros de los carteles del Golfo, Los Zetas y células criminales a partir de ambos. Pero activistas reclaman que las autoridades están repitiendo la retórica de que hay ajustes de cuentas entre narcos, cuando la gran mayoría de las víctimas son civiles inocentes.
Tanto Nuevo León, como Tamaulipas, están en la lista negra del Departamento de Estado de EEUU. En su más reciente alerta de viaje les pide a los ciudadanos de Estados Unidos no viajar o extremar precauciones ante los niveles de criminalidad.
“Sea más cauteloso debido a la delincuencia y el secuestro. La actividad criminal y la violencia pueden ocurrir en todo el estado. Ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales han sido víctimas de secuestro”, advierte sobre Nuevo León.
De la información vertida por el Departamento de Estado, líderes comunitarios han elaborado una lista de recomendaciones que comparten en las redes sociales, tales como no viajar de noche en la autopista, mantener activado el localizador satelital (GPS), compartir el trayecto a familiares y amigos, estar en comunicación constante con una persona de confianza y jamás detenerse en el camino.
“No es que algo extraño esté pasando en esa carretera. Las personas son desaparecidas, no están desapareciendo, porque no hay seguridad en ese trayecto, porque los criminales pueden actuar con impunidad y porque hay una ausencia del Estado”, lamenta Orozco.
