Dan 72 años de cárcel a cuatro miembros de los Zetas
Pasada más de una década de que fueran consignados ante un juez, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencias en contra de cuatro integrantes de los Zetas; la más alta fue de 72 años y las dos más bajas de 52.
A través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada se acreditó que tres hombres y una mujer son responsables por los delitos de secuestro, portación de arma de fuego, posesión de cartuchos para armas de fuego, así como acopio de armas de fuego, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con las investigaciones, estas personas pertenecieron a una célula de los Zetas que aún operaba como brazo armado del Cártel del Golfo en Comalcalco, Tabasco, y cuyas actividades criminales eran el tráfico de armas, secuestro y extorsiones.
Cabe destacar que los criminales fueron consignados ante autoridades judiciales en noviembre de 2008. Para ese entonces ya existían tensiones entre el grupo de la última letra con la organización tamaulipeca que la constituyó como su ejército de sicarios.
Luego de trece años, un juez determinó que Jorge Armando Bolado López y/o Jorge Armando Volado López, el Winnie, deberá cumplir 72 años en prisión y pagar 1,200 días de multa.
José Ángel Pérez García, el Oros, pasará 54 años y tres meses encerrado, más el saldo de 700 días multa. Mientras que Laura Ribón Olán y Eduardo Cruz Hernández, el Pollo, fueron sentenciados cada uno a 52 años y nueve meses tras las rejas, así como al pago de 750 días de multa.
Según los registros, estos miembros de los Zetas fueron acusados en la causa 266/2008 en un proceso iniciado por el juez 5to de Distrito en Materia Penal con sede en Jalisco.
Fueron detenidos en un domicilio del Fraccionamiento Villa Romero en Comalcalco y al momento de su arresto mantenían secuestrada a una persona por quien pedían 10 millones de pesos a cambio de liberarla.
Los Zetas afianzaron su poderío criminal mediante el terror y actos de violencia despiadada que hasta entonces no se había visto en México.
Una de sus atrocidades fue la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas; las víctimas, en su mayoría de Centroamérica, fueron ejecutadas en 2010 por negarse a formar parte de la agrupación y no pagar la cuota de tráfico por cruzar ilegalmente hacia EEUU. Otro acto fue el incendio del Casino Royale, centro de apuestas en Monterrey donde sicarios dispararon y arrojaron gasolina para quemar y asesinar a 52 personas en 2011.
Integrada originalmente por 31 desertores del Ejército, la agrupación tomaba control del territorio al estilo militar. Aunado a ello se equiparon con armas y comunicaciones de última tecnología; también empleaban inteligencia y disciplina de las Fuerzas Armadas para ejecutar sus operaciones.
Luego de su ruptura definitiva en 2010 con el Cártel del Golfo operaron más independientes. Al mismo tiempo que los Zetas mantenían una disputa interna por las plazas de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, en Tamaulipas, como en Monterrey, Nuevo León; también hacían frente al Cártel de Sinaloa, aliados con los Beltrán Leyva.
En su apogeo consolidaron vínculos para el trasiego de narcóticos en Centroamérica y Colombia, hasta conexiones en Italia, Venezuela, África Occidental, así como Estados Unidos.
Para 2012, la facción comenzó un proceso de división que sigue vigente. Las disputas entre los hermanos Treviño Morales, Miguel, el Z-40 y Alejandro/Omar, el Z-42, contra Iván Velázquez Caballero, el Talibán; así como el abatimiento de Heriberto Lazcano Lazcano en octubre de ese año, terminaron por debilitar al cártel. El Talibán fue capturado un mes antes, en septiembre, y el Z-40 en julio de 2013, mientras que el Z-42 cayó hasta 2015.
Hasta 2021 se sabe que este grupo está subdividido en el Cártel del Noreste y su brazo armado, la Tropa del Infierno. Se disputa el territorio de Tamaulipas con los Zetas Vieja Escuela. También pelea zonas de Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí y Veracruz con células del Cártel del Golfo. El grupo criminal de la última letra ha destacado en al menos 13 entidades de México con remanentes que ascienden de tres a cinco, desde 2019 a 2021; además de su presencia en Colombia y EEUU.
