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‘El Bronco’, en prisión; detienen a exgobernador de Nuevo León por desvíos


El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, ingresó al penal de Apodaca después de que fuera detenido por el presunto desvío de recursos públicos, humanos y materiales, para la recolección de firmas que le ayudó a conseguir su candidatura presidencial independiente en la contienda de 2018.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron al excandidato presidencial en el municipio de General Terán, para después presentarlo ante el Ministerio Público.

Transcendió que el exmandatario fue detenido por los integrantes de su propia escolta, quienes recibieron la orden por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León, cuando salía de un rancho; esto como resultado de la denuncia que presentó Samuel García Sepúlveda, actual Gobernador de la entidad, cuando era senador, por el supuesto desvío de recursos para las llamadas “broncofirmas”.

En un comunicado, la dependencia confirmó que ejecutó una orden de aprehensión en contra de Rodríguez Calderón, la cual fue “dictada por un juez de control y de Juicio Oral del estado de Nuevo León, por su probable participación en hechos con características de delitos electorales”.

Además, la Fiscalía señaló que “El Bronco” permanecerá en resguardo al interior del penal de Apodaca, en el que estará a disposición de un juez de control que resolverá su situación jurídica.

En su cuenta de Twitter, el gobernador Samuel García publicó un mensaje donde habla del caso de las “broncofirmas”, y aseguró que en su Gobierno irán a la cárcel quienes robaron o desviaron recursos públicos.

Las ‘broncofirmas’

Rodríguez Calderón fue denunciado penalmente por el propio Samuel García cuando este era senador, y por la entonces diputada local Mariela Saldívar, mismos a los que previamente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les dio la razón al confirmar los desvíos de recursos en que incurrió “El Bronco” y su entonces secretario general de Gobierno, Manuel González, por utilizar a funcionarios públicos para la recolección de firmas para su campaña presidencial.