Un gobernador desaforado y un estado que se desangra por el CDN y el CDG: Tamaulipas
Francisco Javier Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas a quien la Fiscalía General de la República (FGR) quiere llevar a juicio por posible delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal, sabía que el crimen organizado era un poder paralelo en su estado cuando quiso ser gobernador.
El estado al que llegó para gobernar en 2016 tenía ya décadas bajo las operaciones del crimen organizado y miles de enfrentamientos sangrientos por el control de la plaza, donde supuestamente se enriqueció apenas tomó el control por lo cual el congreso federal le quitó el fuero que impedía llevarlo a un juicio.
Los funcionarios públicos cuentan en México con fuero, una figura legal que impide a los gobernantes ser enjuiciados por tomar decisiones, sin embargo, también ha impedido muchos procesos de justicia en México.
La fiscalía pidió en febrero pasado al legislativo federal proceder con el desafuero y el fin de semana se concretó. Sin embargo, los legisladores locales, en su mayoría del PAN, decidieron que Cabeza de Vaca continúe ”fungiendo en el encargo público para el que fue electo en el año 2016”.
Ahora hay un enfrentamiento entre dos poderes mientras el estado se desangra diariamente entre enfrentamientos del mismo bando sin tregua como desde hace décadas. Después de la masacre de los 72 migrantes en 2011; de otros 16 en enero pasado, este año arrancó con 12 asesinatos violentos al día.
Los cárteles de los Zetas y el Golfo pasaron de ser aliados a enemigos dispuestos a arrasar ciudades por hacerse de cada centímetro de espacio para el contrabando de personas, de droga, de gasolina, de armas…
“Voy a terminar de una vez por todas con esta situación”, dijo en un encuentro con periodistas en el hotel Regis de la Ciudad de México a donde viajó para promoverse como un gobernador distante a las complicidades que les achacaban a sus predecesores.
Era el primer mandatario procedente del Partido Acción Nacional (PAN) y gobernaría por primera vez desde otro partido distinto al que siempre había estado en el poder, el PRI.
De las filas priístas salieron Manuel Cavazos, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández y Egidio Torre Cantú, involucrados en delitos de todo tipo, desde encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, asociación delictuosa hasta vínculos con el narcotráfico, delincuencia organizada, defraudación fiscal y lavado de dinero.
Cinco años después, García Cabeza de Vaca está en una situación similar El gobernador acusa “uso faccioso” de la justicia en pleno proceso electoral, y afirma que no ha violado la ley.
El congreso sólo pudo proceder por fraude fiscal en la compra de un departamento en la Ciudad de México y dijo que será la FGR la encargada de investigar por las otras acusaciones, una vez que el mandatario perdió la protección del fuero.
Durante una de las sesiones del congreso federal para el desafuero, Elizabeth Alcántar, agente del Ministerio Público de la Federación dijo que García Cabeza de Vaca, acumuló una fortuna millonaria por una treintena de propiedades ocultas en Texas y Tamaulipas adquiridas principalmente entre los años 2005 a 2019.
Restaurantes, galerías de arte, departamentos, ranchos y cuentas bancarias…“Un caudal de bienes ocultos a través de prestanombres principalmente de su círculo familiar”
En esas denuncias estaban en la capital mexicana el 26 de abril cuando un enfrentamiento en la región tamaulipeca de Peña Blanca concluyó con ocho personas muertas y calcinadas en vehículos conocidos popularmente en el mundo del narcotráfico como “monstruos”. El día del desafuero, descuartizaron allá a un hombre con amenazas al comandante de Operaciones Especiales, Arturo Soto.
La intimidación con fuego es una de las estrategias más populares en Tamaulipas. Unos días antes, al menos tres personas fueron ejecutadas en Camargo y luego incineradas en una camioneta tipo pick; las imágenes fueron divulgadas en redes sociales sin censura: cuerpos quemados, sin miembros.
¿Y las promesas de cambio?
García Cabeza de Vaca se promovió durante los primeros meses como un mandatario de tolerancia cero. Procedente de una familia de empresarios que se metió a la política desde la oposición al gobierno local, así explicaba la situación de Tamaulipas cuando llegó al poder:
“El que hoy Tamaulipas ocupe el primer lugar en secuestros, extorsiones, robo de combustible y desaparecidos, no es producto de la casualidad, es producto de la irresponsabilidad y, sobre todo, de la complicidad de un régimen político que, con tal de mantenerse en el poder, no sólo ha desviado recursos públicos, sino que entregó a Tamaulipas al crimen organizado.
“No solamente pactó con ellos, no solo recibió dinero, sino que compartió el poder con grupos criminales que los rebasaron y entregaron lo más sagrado que tenemos después de la vida: nuestra libertad”
¿Por qué sigue la violencia? Guadalupe Correa, investigadora de seguridad nacional y autora del libro Zetas Inc, señala en entrevista con este diario cuatro razones: la ambición, la ubicación geográfica, las complicidades entre las redes de tráfico con las autoridades locales y a nivel federal y la impunidad.
“Cuando hay tanto que ganar y te encuentras en el poder y no hay justicia estamos hablando de el lugar ideal”, advierte en entrevista con este diario. “Estamos hablando de una zona que ha estado olvidada porque es una zona pobre con mucha gente sobreviviendo como puede”.
Después de que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra al crimen organizado y descabezó a las principales organizaciones de la región —los Zetas y el Cártel del Golfo— Tamaulipas se volvió un campo de batalla de células de ambos bandos que, aliados con otros cárteles como Jalisco Nueva Generación.
En fechas recientes, el gobierno de Tamaulipas y Texas, reactivaron la campaña “Se Busca”, con la que buscan capturar a 10 criminales trasnacionales, que operan en ambos lados de la frontera y son responsables de la violencia regional.
Entre ellos se encuentran Juan Gerardo Treviño Chávez, El Huevo, considerado por la DEA como el último líder en activo de los Zetas, que formó el Cártel del Noreste, teniendo como brazo armado la llamada “Tropa del Infierno” con presencia en Nuevo Laredo, Monterrey, Nuevo León y Texas, donde trafica droga y asesinato. Se ofrecen dos millones de dólares por su cabeza.
La misma cantidad se ofrece por los cabecillas de células rivales: Ernesto Sánchez Rivera, La Mierda, Cuate o M22 y Héctor Sánchez Rivera, La Mimi o M1, quienes lideran al grupo Metro del Cártel del Golfo en Reynosa, para tráfico de personas, secuestros, extorsiones, robo de vehículos y homicidios. Por el resto, se ofrece 1.5 millones de dólares.
